Conferencia: La Protección a los Consumidores en el Derecho Francés

 

 

 

Gilles PAISANT

Profesor de la Facultad de derecho y economía de Chambéry

 

1 – Hace unos cincuenta años, nadie hablaba de derecho de consumo. No se practicaba, ni la palabra, ni el concepto.

Sin duda alguna, la historia del derecho nos da algunos ejemplos de lo que llamamos ahora la protección del consumidor. Así, el derecho romano organizaba una protección del comprador contra los vicios ocultos de la cosa adquirida. Y, en Francia, la palabra “consumidor” fue recogida en la ley por primera vez en 1905: la ley relativa a la represión de los fraudes. Es una ley penal que establece un delito contra el que engaña a su co-contratante sobre la mercancía o el servicio que se le ha proporcionado. Más recientemente, textos de 1945 relativos a la reglamentación de los precios mencionaban también al consumidor. Pero estas dos reglamentaciones no formaban un derecho de consumo. A mediados del siglo XX, no existía un derecho de consumo en Francia; ni en Francia, ni en ninguna otra parte del mundo.

Las primeras políticas legislativas voluntaristas de protección de los consumidores nacieron en los años 1960 y 1970. El punto de partida de este movimiento se manifestó en los Estados Unidos en 1962 con un discurso público del Presidente Kennedy, donde resaltó que los consumidores formaban el grupo económico más importante y, sin embargo, el menos escuchado. A principios de los años 1970, esta preocupación conoció su traducción en las legislaciones de los Estados europeos. En Francia, fue la ley de 22 de diciembre de 1972 sobre la venta a domicilio(1) la que ha empezado este movimiento legislativo de protección que no ha dejado de desarollarse desde esta época.

2 – ¿Por qué tal legislación específica? ¿Y por qué en esta época? ¿Cuál es su justificación?

Indiscutiblemente, esta legislación se desarrolla a la par que la sociedad de consumo a fin de corregir sus excesos.

Los poderes públicos se dieron cuenta de que el libre funcionamiento del mercado no podía bastar para garantizar los derechos de los consumidores. En efecto, la relación profesional-consumidor se presenta hoy en día como una relación desequilibrada entre un fuerte y un débil. La superioridad del empresario es tanto de tipo técnico, como financiero y jurídico. Este último es el mejor experto del producto o servicio que él propone y de su buen uso; conoce también mucho mejor que los consumidores los contratos que les hace firmar.

Precisamente, este desequilibrio se revela con particular importancia en el ámbito contractual. La relación de hoy entre un profesional y un consumidor no es la relación contractual considerada por los redactores del Código civil de 1804; es decir, una relación entre dos personas iguales que discuten sus intereses libremente y con conocimiento de causa. El contrato de consumo ya no es un contrato según lo convenido libremente, sino un contrato de adhesión, pre-redactado según los intereses del profesional y que el consumidor no puede negociar, discutir o enmendar.

Por supuesto, el consumidor conserva su libertad de no contratar si el contrato que se le propone no le conviene. Pero este argumento no vale; esta libertad no es más que una libertad formal. ¿Cómo, en la práctica, puede el consumidor rechazar la oferta de contratar para su abastecimiento de agua o de electricidad, para su teléfono o sus transportes, etc.? Sería la libertad de no consumir. En estas condiciones, ya no sería un consumidor, sino un excluido de la sociedad.

3 – Así pues, en este ámbito contractual, si el legislador contemporáneo decidió intervenir, fue por la razón de que el derecho común no proporcionaba las soluciones para una protección adecuada de los consumidores.

Cierto que nuestro Código civil conoce dispositivos en favor de todos los que han contratado en malas condiciones o contra sus propios intereses. Así, se puede pensar en los textos sobre los vicios del consentimiento(2), la lesión, el abuso de derecho, el ordén público contractual… ¿Por qué estos dispositivos no bastarían para proteger a los consumidores?

La respuesta es doble. En primer lugar porque en Francia, por lo menos, la jurisprudencia, especialmente el Tribunal de Casación, no lo ha hecho. Y no se le puede reprochar esta abstención: los dispositivos del derecho común son de aplicación general en todas las relaciones contractuales. En estas condiciones, ¿cómo se podría reservar una interpretación extensiva de aquellos solamente en favor de los contratantes consumidores? Y si se extienden estas interpretaciones cada vez que un contratante está en situación de inferioridad en comparación con su co-contratante, la seguridad jurídica contractual desaparece.

Por eso, si se desea alcanzar equilibrio dentro de la relación profesional-consumidor, se necesita promulgar una legislación específica; tanto más que la protección del consumidor no puede ser solamente civil y contractual, sino también penal o judicial.

4 – En adelante, el derecho de consumo forma parte integrante del paisaje jurídico francés como derecho derogatorio con relación al derecho común.

Desde 1972, se pueden contar más de veinte leyes dedicadas a la protección del consumidor. Y desde el 26 de julio de 1993, el conjunto de estos textos específicos fue reunido en un código de consumo para mejorar su conocimiento por los consumidores y su aplicación por los jueces.

Debe saberse también que estos textos no resultan solamente de las iniciativas del legislador francés, sino, cada vez más, de la Unión Europea. En efecto, los principios de dicha Unión, que ahora se extiende a 27 países, preven un acercamiento de las legislaciones nacionales para la realización del Mercado Único.Y, para este fin, la Unión puede adoptar directivas que, sin ser directamente aplicables en los Estados miembros, obligan a estos últimos, dentro de un plazo determinado, a introducir las normas que contienen en la legislación nacional.

Este derecho de consumo ya tiene treinta años de edad. Es una edad a la vez joven y adulta. Existen manuales de derecho de consumo(3). En algunas universidades francesas se dan clases de derecho de consumo para la obtención de diplomas específicos(4). Tesis(5), investigaciones, conferencias y congresos se hacen sobre este tema.

Esta consagración del derecho de consumo no se nota solamente en Francia, sino también en todos los países de la Unión Europea y, ahora, atañe a la mayoría de los países, aun menos desarollados, de los cinco continentes. Por ejemplo, existe una ley de protección de los consumidores en casi todos los Estados de América del Sur; también en África, donde se puede observar el caso de Túnez (6).

La generalización de este derecho específico responde a una voluntad política destinada a garantizar relaciones económicas equilibradas. Aparece también como un factor importante de cohesión social. No existen, por un lado, los buenos consumidores y, por otro lado, los malos empresarios. Los dos son asociados porque los primeros necesitan a los segundos y viceversa. Es el espíritu del derecho de consumo.

5 – Para enseñar las principales características del derecho francés, parece adecuado empezar por la descripción del contenido de la protección otorgada por las leyes a los consumidores (I) antes de ver cómo este dispositivo de protección se pone en práctica (II).

I – El contenido de la protección

6 – La protección a los consumidores se pone de manifiesto en dos sectores. En primer lugar, se protege la salud y la seguridad corporal de los consumidores. En segundo lugar, se trata de la protección de sus intereses económicos.

A – Protección de la salud y seguridad corporal

7 – Es el aspecto más antiguo de la protección de los consumidores en Francia. Se trata de una protección de carácter penal iniciada por la ley de 1905 sobre la represión de los fraudes. Según la interpretación de esta ley, se puede considerar como un engaño sobre la mercancía el hecho de vender un producto peligroso para la salud o la seguridad de las personas. En la práctica, esto se refiere principalmente a los productos alimenticios.

Funcionarios pertenecientes al Ministerio de Economía están encargados de realizar todos los controles necesarios en este ámbito. Tienen un poder casi jurisdiccional. Por ejemplo, pueden embargar los productos peligrosos o impedir la venta de los productos sospechosos en espera de los resultados de los controles. Este sistema se presenta como una derogación al principio de la separación de poderes (judicial y administrativo). La justificación de tal derogación reside en el imperativo superior de la salud y seguridad de las personas.

8 – Pero el legislador contemporáneo ha incrementado prioritariamente las medidas de prevención.

Por ejemplo, desde 1983, el legislador ha establecido una obligación general de seguridad(7). En adelante, los productos y servicios deben presentar la seguridad que se puede esperar razonablemente. Esta obligación incumbe, primero, a los empresarios que ponen en circulación los productos y servicios. Sobre este fundamento, los poderes públicos pueden intervenir a título preventivo por vía reglamentaria. Son reglamentaciones sobre la fabricación o la comercialización de varios productos que forman un conjunto complejo, denso y muy evolutivo. Esto concierne, más especialmente, a productos alimenticios, cosméticos y medicamentos.

Además, en virtud del “principio de precaución”(8), los poderes públicos no dudan en intervenir a título preventivo a fin de quedar exentos de toda responsabilidad. Pero, este principio debe usarse con cierta cautela porque la medida tiene que ser proporcionada a la probabilidad del riesgo y a la gravedad de los daños eventuales. Si no, se cometería un exceso de poder. Por ejemplo, sobre este fundamento, la importación de carne de buey procedente del Reino Unido ha sido prohibida durante varios meses: es el asunto tristemente célebre de las “vacas locas” que tiene su origen en harinas animales británicas que, después de contaminar los bovinos que las han comido, pueden posteriormente transmitir la enfermedad mortal al hombre.

9 – Finalmente, si la prevención fracasa, la ley francesa prevé un sistema de responsabilidad civil para la reparación de los daños sufridos a causa de los productos defectuosos. Derivada de una directiva de la Unión Europea, una ley de 19 de mayo de 1998(9), establece un régimen específico de responsabilidad; se trata de una responsabilidad de pleno derecho contra los productores. La víctima debe solamente probar el defecto, el daño y el vínculo entre los dos. La fuerza mayor no constituye una causa de exoneración del profesional. Será exonerado, en cambio, si prueba que, en el momento en el que ha puesto el producto en circulación, no se podía detectar el defecto teniendo en cuenta el estado actual de los conocimientos científicos.

Tal legislación concierne también a los intereses económicos de los consumidores.

B – Protección de los intereses económicos

10 – En este ámbito, es esencialmente como contratante, que el consumidor goza de una protección específica. El legislador desea una relación equilibrada entre el empresario, presunto fuerte y el consumidor, presunto débil.

11 – En el momento de la conclusión del contrato, la ley procura que, primero, el consumidor tenga una buena información sobre sus derechos y obligaciones así como sobre el producto o el servicio que se le propone.

Por ejemplo, la ley prohibe la publicidad engañosa y reglamenta la publicidad comparativa(10). Pero, la información que resulta de la publicidad es una información subjetiva destinada a hacer vender. En cuanto a la información objetiva, desde una ley de 1992(11), cada vendedor profesional o prestatario de servicios debe procurar, antes de la conclusión del contrato, que el consumidor conozca las características esenciales del producto o del servicio. Este texto no hacía más que confirmar la jurisprudencia.

En unos casos, como los del contrato de crédito al consumo, de venta a domicilio o de multipropriedad, la ley impone menciones obligatorias en el contrato que, en consecuencia, tiene que ser escrito. Así el contrato de crédito debe mencionar, entre otras cosas(12), el coste total del crédito, el importe de los reintegros mensuales y otras características del contrato. La sanción del no-acatamiento de estas exigencias es, para el banquero o el organismo de crédito, la privación del derecho a los intereses.

12 – Todavía en cuanto a la formación del contrato, la ley francesa vela por el consentimiento consciente del consumidor. En varios contratos, este goza de un tiempo para reflexionar o de una facultad de desistimiento.

Así, en el crédito para la adquisición de un inmueble, la oferta del prestamista profesional no puede ser aceptada antes el vencimiento de un plazo de diez días a partir del momento de la recepción de dicha oferta. Pero, los derechos de desistimiento son más frecuentes. A menudo son de siete días como, por ejemplo, en la venta a distancia o a domicilio, en el crédito mobiliario al consumo o, también, en la intermediación para favorecer las relaciones matrimoniales… Es decir que, en esos últimos casos, después de la conclusión formal del contrato, el consumidor puede, proprio motu, de manera enteramente discrecional y gratuita, retractarse durante este plazo.

13 – Además, siguiendo a la jurisprudencia, la ley impone que los contratos concertados entre profesionales y consumidores sean redactados y presentados de manera clara y comprensible(13). Las sanciones de tal obligación son diversas. En principio, las cláusulas ilegibles son inoponibles al consumidor(14), mientras que las oscuras o ambiguas tienen que ser interpretadas a su favor, a menos que sean juzgadas abusivas(15).

14 – Existe también una protección del consumidor en lo referente al contenido del contrato. Es necesario precisamente mencionar con relación a ello el dispositivo de lucha contra las cláusulas abusivas.

A partir de una ley de 10 de enero de 1978, modificada el 1 de febrero de 1995(16), en las relaciones contractuales entre profesionales y consumidores, las cláusulas abusivas – por esta razón consideradas como no escritas – son aquellas que tienen por objeto o por efecto crear un desequilibrio significativo en los derechos y obligaciones de las partes en perjuicio del consumidor.

Sobre el fundamento de esta definición muy general, el juez puede, a petición del consumidor afectado o a iniciativa de una asociación representativa de consumidores, anular las cláusulas litigiosas. Por ejemplo, los jueces anulan casi siempre las cláusulas que prevén la exoneración de responsabilidad del empresario o que otorgan a este último un derecho discrecional o que le reservan ventajas sin ninguna contrapartida para el consumidor.

Hay que descatar que, cuando una asociación inicia una acción judicial contra un profesional, este procedimiento tiende a la supresión de las cláusulas juzgadas abusivas de todos los modelos de contratos propuestos por este profesional a los consumidores(17). Además, la asociación puede obtener daños y perjuicios por la reparación de los perjuicios ocasionados al interés colectivo de los consumidores(18).

15 – Finalmente,en relación al momento de la ejecución del contrato, dos dispositivos específicos merecen ser mencionados.

Primero, el empresario tiene la obligación de respetar los plazos convenidos para la entrega de la cosa comprada o la ejecución de la prestación de servicios. Si no, en los casos más graves, el consumidor podrá desistir del contrato(19).

Sobre todo, en segundo lugar, a partir de dos leyes, una de 31 de diciembre de 1989 y otra de 1 de agosto de 2003, existen dos procedimientos especiales en provecho de los consumidores de buena fe que están en la imposibilidad manifiesta de pagar sus deudas no profesionales, es decir, los deudores sobreendeudados. En adelante, la ley distigue según la situación patrimonial del deudor. Si su situación no está «irremediablemente comprometida», se aplicarán(20) varias medidas de enderazamiento, especialmente un reescalonamiento de los pagos sobre un máximo de diez años y hasta una condonación parcial de las deudas. Si, en cambio, la situación parece «irremediablemente comprometida», es decir, si dichas medidas no bastan para arreglarla, se abre el procedimiento de «restablecimiento personal»(21). Se trata de un procedimiento concursal, inspirado del derecho mercantil de las quiebras, que desemboca, después de la venta de los bienes no indispensables del interesado, sobre la condonación total de sus deudas.

Si, como se puede constatar, el contenido de la protección jurídica de los consumidores en Francia se revela muy rico, es necesario ahora comprobar su puesta en práctica.

 

II – La puesta en práctica de la protección

 

16 – Por supuesto, existen en Francia organismos públicos y privados que se encargan, de modo concreto, de la protección a los consumidores.

Entre los públicos, se debe mencionar, primero, el Ministerio de economía a cargo de los asuntos de consumo; este Ministerio incluye una Dirección general de la competencia, del consumo y de la represión de los fraudes con algo como 4000 agentes repartidos en todo el territorio nacional. También existen varios organismos consultivos, incluyendo magistrados, representantes de los empresarios, de los consumidores y de los poderes públicos, como el Consejo Nacional de Consumo, la Comisión de las cláusulas abusivas o la Comisión de la seguridad de los consumidores. Existe también un Instituto Nacional de Consumo que desempeña una función de información y educación de los consumidores.

De iniciativa privada son las asociaciones de defensa de los intereses de los consumidores. Son asociaciones locales, regionales o nacionales. Estas últimas – son 18 actualmente – representan a los consumidores ante las diferentes instituciones consultivas. Pueden manejar emisiones radiofónicas o de televisión o editar revistas especializadas incluyendo, por ejemplo tests comparativos de varios productos o servicios. También, pueden ejercitar acciones ante los jueces para la defensa de los intereses colectivos de los consumidores. Por ejemplo, pueden pedir la cesación de prácticas ilícitas o la supresión de cláusulas abusivas o daños y perjuicios.

A pesar de nuestro conjunto de leyes y de las actividades de estos organismos, no resulta enteramente satisfactorio nuestro sistema.

Sin duda, se puede mencionar la complejidad de algunas leyes nuestras como la ley acerca del sobre-endeudamiento de los particulares. Pero, sobre todo, por una parte, la protección legislativa a los consumidores se revela incierta en su ámbito de aplicación y, por otra parte, padece de cierta falta de eficacia.

 

 

A – Una protección de amplitud incierta

 

17 – Es el problema de la definición del consumidor. ¿Quién es el consumidor que aprovecha la protección específica de la ley? Contrariamente a diversas legislaciones, especialmente la de su país (22), la ley francesa no define al consumidor de manera que no se sabe exactamente quiénes son los que pueden gozar de la protección prevista en favor del “consumidor”.

 

En realidad, es preciso distinguir. Tratándose de la protección de la salud o de la seguridad corporal, el consumidor protegido no puede ser más que una persona física. Pero todas las personas físicas se aprovechan de la protección de la ley aun cuando sean empresarios que actúan en el marco de su actividad profesional. Habida cuenta del principio de igualdad de las personas, no se puede concebir que unas personas sean más protegidas en su salud o integridad corporal que otras.

 

Es decir que el problema de la definición del consumidor se plantea esencialmente, cuando se trata de la protección de sus intereses económicos; especialmente en las relaciones contractuales entre profesionales y consumidores.

 

En este ámbito, el derecho francés ofrece soluciones variables; variables según las leyes, variables también según las interpretaciones jurisprudenciales. Dos cuestiones principales se plantean en la práctica. ¿La protección específica de la ley comprende también a las personas jurídicas? ¿Se puede considerar a un profesional como consumidor según las circunstancias cuando actúa con otro profesional?

 

18 – Sobre el primer punto, a veces la ley nos da la respuesta. Así el consumidor no puede ser más que una persona física en el ámbito del sobre-endeudamiento(23), y de la venta a domicilio(24). Sólo son excluidas las personas jurídicas de derecho público en el sector del crédito al consumo(25).

En el ámbito de las cláusulas abusivas, la ley protege al «consumidor o no profesional» sin más precisiones. Como existe una directiva comunitaria sobre este tema y, dado que este texto no protege más que a los consumidores definidos como personas físicas, los principios comunitarios exigen que interpretemos la palabra consumidor de nuestra ley a la vista de la directiva. Pero, eso no impidió que nuestra «Cour de cassation» decidiera reciente y oportunamente que una persona jurídica goce de la protección como «no profesional»(26), una noción desconocida del derecho comunitario…

Desde mi punto de vista, se necesita distinguir al respecto. Una persona jurídica puede ser consumidor cuando no actúa en el marco de una actividad económica, lucrativa o mercantil.

19 – Por otra parte, la práctica enseña que, con regularidad, algunos profesionales procuran aprovechar la protección otorgada a los consumidores cuando contratan con otros profesionales en situación de inferioridad económica o técnica, por ejemplo, porque actúan fuera del marco de su actividad profesional (27). El derecho de consumo, ¿no es un derecho de protección de los débiles contra los fuertes? Pero se puede contestar que este derecho no tiene como finalidad la protección de los profesionales contra otros profesionales, sino de los consumidores contra los profesionales y que si se extiende la protección a los profesionales que actúan para cubrir las necesidades de su actividad lucrativa, se pierde la especifidad de este derecho de excepción instituido en provecho de una categoría socio-económica particular.

Los textos sobre el crédito al consumo dicen expresamente que no se aplican a los créditos concluidos para cubrir las necesidades de una actividad profesional(28). Y, en ausencia de precisión en la ley, el Tribunal de casación en el ámbito de la venta a domicilio y de la cláusulas abusivas juzga en este momento que la protección específica no se aplica en los contratos que presentan una «relación directa» con la actividad profesional desempeñada por el co-contratante(29). Pero, nadie puede decir por dónde pasa la frontera entre la relación directa y la que no sería más que indirecta. La incertidumbre se revela tanto más cuanto que, simultáneamente, el Tribunal de casación deja esta cuestión a la interpretación soberana de los jueces de primera y segunda instancia(30). Es decir que el Tribunal se niega a controlar la noción de consumidor cuando se necesitaría la mayor seguridad jurídica en cuanto al punto de saber quién goza de la protección de la ley.

Tal incertidumbre no puede más que contribuir a contrariar la efectividad del derecho de consumo.

B – Una protección insuficientemente efectiva

20 – El consumidor tiene muchos derechos en Francia. Pero, concretamente, no siempre saca provecho de ellos. Es un problema general que concierne a todos los países con intensidad variable.

En efecto, en un Estado de derecho, hacer respetar sus derechos supone ejercitar una acción; es decir, para el consumidor que no ha obtenido la legítima satisfacción a la que tenía derecho, proceder contra el profesional ante la justicia. Sin embargo, numerosos consumidores, en la práctica, dudan de hacer valer sus derechos ante el juez, no solamente como demandantes, sino también en calidad de demandados en una acción de pago o de resolución del profesional: un procedimiento cuesta tiempo, dinero y el resultado es siempre aleatorio. Así, de facto, la acción ante los tribunales presenta un carácter disuasivo para muchos. El interés en juego no vale tantos gastos y tantas complicaciones.

Este fenómeno existe sobre todo en el ámbito de los contratos de consumo y, más especialmente, el de las cláusulas abusivas y de la mala ejecución de las obligaciones respectivas.

Los profesionales aprovechan esta situación. Por ejemplo, a pesar de la ley imperativa y de la jurisprudencia, prefieren mantener cláusulas abusivas dentro de sus contratos (cláusulas de no responsabilidad, cláusulas de no resolución por incumplimiento de los obligaciones del profesional…). Primero, numerosos consumidores no conocen el carácter abusivo de tales estipulaciones y, desde un punto de vista económico, el beneficio que se puede sacar de dichas cláusulas es más importante que los riesgos inherentes a un eventual procedimiento.

Sin duda, en este ámbito, las acciones de las asociaciones representativas tienen mayor alcance. Pero son bastante pocas porque estas asociaciones tienen pocos medios financieros para ejercitar acciones.

En cambio, existe mayor efectividad de la ley en el sector de la protección de la salud y de la seguridad corporal. En efecto, en este ámbito, el derecho penal sanciona los incumplimientos de las obligaciones de los impresarios. Los riesgos son más importantes para ellos. La disuasión cambia de campo.

21 – En estas condiciones, ¿cómo incrementar la eficacia del derecho de consumo?

De lege lata, se podría desear que el Tribunal de casación, en las acciones individuales, reconociese al juez de primera instancia el poder de resolver de oficio para paliar la ignorancia o la falta de comparecencia del consumidor; lo que se niega a hacer por la aplicación de la ley sobre el crédito al consumo(31) y lo que la Corte de Justicia de las Comunidades Europeas (CJCE) le incita a hacer, especialmente a propósito de las cláusulas abusivas(32). En cuanto a las acciones colectivas, los jueces podrían conceder mayores daños y perjuicios cuando las asociaciones actúan en defensa de los intereses colectivos de los consumidores en caso de prácticas abusivas o ilícitas de los profesionales. Esto constituiría un aliento para que estas asociaciones actuasen en cesación de tales prácticas.

De lege ferenda, unos piensan, en el ámbito contractual, en sancionar penalmente los incumplimientos de los profesionales. Pero, parece más adecuado reservar el derecho penal para disturbios más graves al orden público. Los contratos conciernen, primero, a los intereses privados.

Por otra parte, se desarrollan actualmente experiencias de lo que se llama en Francia – y en otros países – modos alternativos de arreglo de los litigios. Son mediaciones o conciliaciones que no se hacen ante el juez la mayoría de las veces. Pero, a veces, se puede dudar de la eficacia y la oportunidad de tales soluciones. ¿Qué pasa si el acuerdo amistoso no es respetado? ¿Y qué pensar de esta manera de impartir justicia sin juez en un Estado de derecho? Sin duda, el presupuesto de la Justicia en Francia – que representa cerca de 1,9% del presupuesto nacional – no permite el reclutamiento masivo de jueces para hacer frente a las necesidades(33), ¿pero, son suficientes las razones económicas para justificar un sucedáneo de justicia con destino a los consumidores? Tal vez, sería más conveniente una jurisdicción específica para los litigios de consumo con un procedimiento simplificado y de coste bajo si es cierto que nuestros actuales jueces de instancia no pueden desempeñar este papel.

31 – A pesar de todo esto, sería un error creer que en la Francia de hoy, el derecho de consumo no existe más que sobre el papel. Es un derecho vivo que, sin proteger perfecta y completamente a los consumidores, se presenta como uno de los más elaborados de la Unión Europea. Y, desde un punto de vista más teórico, se puede destacar que, en el sistema jurídico francés, éste influye en adelante sobre el derecho común(34).

Es decir que, a imitación del derecho de consumo, este derecho se preocupa, ahora más que antaño, especialmente en el ámbito contractual, de la protección de la parte débil. Así es como se produce el caso de que el legislador introduzca en el Código civil disposiciones anteriormente aplicables sólo a las relaciones de consumo(35). Y también, sin aplicar los textos específicos del Código de consumo, en las relaciones entre los profesionales, la jurisprudencia empieza a interpretar el derecho común en beneficio de la parte débil, a la vista de las soluciones contenidas en pro del consumidor en el derecho de consumo (36).

Como se puede constatar, mientras que este derecho específico nació a causa de la ausencia de las interpretaciones jurisprudenciales del Código civil a favor de los consumidores en sus relaciones con los profesionales, ahora este derecho específico arrastra al derecho común para la protección de otras partes débiles. En estas condiciones, si este movimiento prospera y se generaliza, se planteará la cuestión de la opotunidad de mantener un derecho específico en beneficio de los consumidores, por lo menos en el ámbito contractual. Pero, no se ha llegado aún a este punto de evolución.