1. NATURALEZA POLÍTICA DEL CONCEPTO DE COHESIÓN SOCIAL.
La evolución de la idea de cohesión social en Europa está estrechamente asociado con un sentido regional que aspira, además de superar la pobreza, a evitar que se produzcan desigualdades y brechas sociales tanto dentro de cada país como entre los Estados miembros
El artículo segundo del Tratado de Maastricht cita como objetivo de la Unión “promover un progreso económico y social equilibrado y sostenible, principalmente mediante la creación de un espacio sin fronteras interiores, el fortalecimiento de la cohesión económica y social el establecimiento de una unión económica y monetaria…”. Posteriormente, el Consejo Europeo de 1997 identificó la cohesión social como una de las necesidades principales de toda Europa y como un complemento esencial en la promoción de los derechos y dignidad humanos, que se definen como la capacidad para el bienestar todos los miembros de la sociedad, al minimizar las disparidades y evitar la polarización. Como marco legal se menciona el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales y el Protocolo de Enmienda a la Carta Social Europea, y para guiar esta perspectiva en la política se instauró el Comité Europeo para la Cohesión Social.
En 2000, los participantes en la cumbre europea celebrada en Lisboa se propusieron dar un salto en la competitividad de la economía de la Unión, establecieron una agenda social y concluyeron: «deben tomarse medidas que tienen un impacto decisivo en la erradicación de la pobreza estableciendo objetivos adecuados que deberá acordar el Consejo a más tardar a finales de año». Se establecieron cuatro objetivos básicos para 2010: garantizar que todas las personas tengan acceso al empleo y se beneficien de los recursos, los derechos, los bienes, y los servicios; prevenir el riesgo de la exclusión; ayudar a los más vulnerables, y movilizar todos los agentes relevantes en los temas de pobreza y exclusión social.
Posteriormente, el Consejo europeo de Niza, celebrado en diciembre de 2000, acordó que la promoción de la inclusión social se implementaría mediante el «método abierto de coordinación» que supone establecer objetivos comunes a nivel europeo, diseñar políticas nacionales apropiadas para alcanzar los objetivos y consignar los avances en las políticas nacionales.
En América Latina el concepto de cohesión social surge ante la necesidad de encarar pertinaces problemas que pese a algunos avances logrados en los últimos años, aún perduran: altos índices de pobreza e indigencia, la extrema desigualdad que la caracteriza. Y en diversas formas de discriminación y de exclusión social que se remontan a un lejano pasado.
CEPAL se ha encargado de precisar de la difusión del bienestar social en la región muestra tendencias contradictorias, lo que plantea interrogantes sobre el nivel de cohesión. Por un lado, se han conseguido importantes mejoras en los indicadores básicos de bienestar en un plazo de tiempo relativamente breve, Sin embargo, en la etapa de globalización que vivimos, ciertas características distintivas del desarrollo latinoamericano –elevada concentración del patrimonio y del ingreso y crecimiento económico insuficiente y volátil, y su secuela en materia de pobreza- se han mantenido e incluso se han agravado en algunos países.
Así, las condiciones de vida en América Latina han mejorado significativamente en las últimas décadas. En menos de 30 años se ha logrado un aumento importante de la esperanza de vida al nacer y una notable disminución de la mortalidad infantil y de menores de cinco años, así como de la desnutrición. Al mismo tiempo, se redujo el analfabetismo adulto, se masificó la educación primaria y se elevó el acceso de los jóvenes a la educación secundaria en plazos muy breves. Otros factores que revelan la mejora del nivel de vida de la población es la urbanización, el cambio de patrones de fecundidad y los tipos de familias, además de la acelerada incorporación de las mujeres al mercado laboral.
Es interesante destacar que la mejora de estos indicadores corresponde principalmente a esfuerzos desplegados por el Estado y que se reflejan en sus políticas públicas. Sin embargo, al tiempo que los ciudadanos estiman que el Gobierno es responsable de tales logros, también lo considera responsable de sus fracasos, lo que provoca sentimientos de insatisfacción frente a la gestión pública, las instituciones, los partidos políticos y sus representantes.
Y es que este desarrollo social no se ha dado al mismo tiempo que el desarrollo económico: en los últimos 25 años el porcentaje de población que vive en la extrema pobreza o indigencia no ha podido reducirse significativamente (en 2006 cerca de un 15% de los latinoamericanos vivía en hogares con ingresos inferiores a los requeridos para satisfacer sus necesidades de alimentación. Esta pobreza, por otra parte, tiende a reproducir la exclusión social por medio de una serie de eslabones conocidos. Así, como dice CEPAL en su informe: “muy bajos ingresos y escaso capital educativo en el hogar, maternidad adolescente y desnutrición durante el embarazo, recién nacidos con bajo peso, lactancia materna insuficiente, falta de estimulación temprana, daños biológicos irreversibles en etapas tempranas del desarrollo, episodios de desnutrición global que se hace crónica debido a la escasez de recursos del hogar y al bajo nivel de instrucción de las madres, falta de preparación para la escuela, bajo rendimiento y repetición en los primeros años de la enseñanza, deserción escolar, inserción precaria en el mercado laboral, bajos ingresos y desprotección social, que reproducen el ciclo de pobreza y exclusión en la generación siguiente”. A lo anterior se añaden los cambios en el funcionamiento del mercado laboral y el deterioro de la calidad de los puestos de trabajo, principal fuente de ingreso de los hogares. Esto sucede, además, en un contexto de sistemas de protección social de muy baja cobertura y que en la mayoría de los casos no incluyen seguros de desempleo adecuados.
A todo lo anterior se añade una situación crónica de profunda desigualdad en la distribución del ingreso. La desigualdad distributiva es la más elevada de todas las regiones del mundo. Y el hecho es (CEPAL/IPEA/PNUD, 2003), que la región no es tan pobre en términos de ingresos como para que, de un total de 532 millones de habitantes, alrededor de 205 vivan en la pobreza y cerca de 79 millones no dispongan de los recursos para satisfacer siquiera adecuadamente sus necesidades de alimentación.
2. LA COHESIÓN SOCIAL ES UNA CLAVE PARA EL DESARROLLO Y LA DEMOCRACIA
El concepto de cohesión social se presta a múltiples interpretaciones. De hecho, son muchos los intentos de delimitación conceptual realizados en los últimos años, tanto en Europa como en América Latina.
Una aproximación inicial la aporta la referencia a la definición de este concepto en el ámbito de las ciencias naturales (CEPAL). En física, una definición simple de cohesión considera el cruce de tres variables que relacionan los elementos dados de un conjunto, a saber: la distancia entre los elementos, la integración entre ellos y el todo y la fuerza que los conecta. Respecto de la vida en sociedad, guardando las diferencias pero rescatando las analogías, la cohesión puede entenderse como el efecto combinado del nivel de brechas de bienestar entre individuos y grupos, los mecanismos que integran a los individuos y grupos a la dinámica social y el sentido de adhesión y pertenencia a la sociedad por parte de ellos.
De lo anterior se desprende que el concepto comprende tanto los mecanismos objetivos de inclusión y exclusión como también cómo estos influyen y moldean las percepciones y conductas de los individuos frente a una sociedad en particular:
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Los mecanismos incluyen, entre otros, el empleo, los sistemas educacionales, la titularidad de derechos, el bienestar y la protección social.
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Los comportamientos y valoraciones abarcan la confianza en las instituciones, el sentido de pertenencia y solidaridad, la aceptación de las normas de convivencia y la disposición a participar en espacios de deliberación y en proyectos colectivos.
Una definición operativa y práctica, que recoje algunas de las principales aportaciones recientemente incorporadas por centros de estudio, universidades y organismos internacionales y que se adapte a la realidad del programa, es la que ha aportado el programa de la Unión Europea EUROsociAL. En esta dirección, considera que la cohesión social es un atributo de las sociedades que implica la igualdad de oportunidades para que la población pueda ejercer sus derechos fundamentales y asegurar su bienestar, sin discriminación de ningún tipo y atendiendo a la diversidad. Desde una perspectiva individual, la cohesión social supone la existencia de personas que se sienten parte de una comunidad, participan activamente en diversos ámbitos de decisión y son capaces de ejercer una ciudadanía activa. La cohesión social también implica el desarrollo de políticas públicas y mecanismos de solidaridad entre individuos, colectivos, territorios y generaciones.
La cohesión social, entendida de esta manera, es un objetivo de la acción pública, ya que garantizar que el conjunto de la ciudadanía pueda ejercer sus derechos fundamentales forma parte de las obligaciones del Estado. Pero también es un medio para luchar contra la pobreza y la exclusión, asegurar la sostenibilidad del crecimiento económico y consolidar la legitimidad de los regímenes democráticos y sus instituciones. Esto es especialmente relevante para una región como América Latina, el sub-continente más desigual del mundo pese a no ser el más pobre.
Desde un punto de vista político-institucional, no es posible obviar la importancia del Estado democrático y de derecho como principal, pero no único, promotor de la cohesión social. Es reconocido que las dinámicas de mercado no generan de manera automática una mayor cohesión social. Más bien tienden a excluir a sectores importantes de la población. El Estado debe entonces compensar el coste social de la desregulación y la liberalización de los mercados con políticas públicas tendentes a la cohesión social.
Por otro lado, si el Estado es tan débil que no puede garantizar los derechos sociales básicos, se corre el riesgo de que la violencia colectiva descentralizada reemplace a las instituciones democráticas en el establecimiento de las reglas del juego. En otras palabras, el Estado debe ser capaz de promover la cohesión social para asegurar la estabilidad democrática y la legitimidad de las instituciones. Esto hace también que los procesos de desarrollo económico, basados en las dinámicas de mercado, sean socialmente sostenibles.
Y aquí aparece uno de los problemas de América Latina que ponen un signo de interrogación a las condiciones para la cohesión social: la brecha que existe entre la norma jurídica como prescripción y la efectividad de la misma en el mundo real. Las encuestas de opinión en América Latina ponen de manifiesto una tendencia a la pérdida de confianza en el sistema de justicia y en otras instituciones públicas, como la policía y el Parlamento. Esta desconfianza puede tener su origen en la distancia entre la igualdad jurídica y la desigualdad social, o entre la titularidad formal de derechos y la ineficacia del sistema judicial o de las políticas públicas para garantizar la titularidad efectiva. Además, en muchos países existe la percepción (CEPAL) difundida de que el sistema de justicia discrimina a favor de los ricos y en perjuicio de los pobres, es decir, que existe la convicción de que hay ciudadanos de diversas categorías, que no existe un trato jurídico igualitario y que muchos delitos permanecen impunes, sin que operan mecanismos efectivos de fiscalización y sanción. Esta falta de confianza en el sistema de justicia socava la cohesión social porque el ciudadano percibe la falta de claras reglas del juego y que no es efectiva la reciprocidad en materia de derechos y compromisos.
Evidentemente, para desempeñar un papel activo el Estado requiere recursos financieros. La manera más razonable de aumentar el gasto público de manera sostenible y duradera es introduciendo la solidaridad en la sociedad, lo que significa avanzar en el desarrollo de sistemas fiscales más incluyentes, más justos y más progresivos (y, por ende, solidarios). La justicia social no puede ser reemplazada por la beneficencia y la suficiencia económica del Estado por financiamientos internacionales o inversiones de familiares y amigos.
El papel central del Estado para la cohesión social no implica que otros actores (sindicatos, empleadores, organizaciones de la sociedad civil, empresas) no tengan una responsabilidad en este campo. La experiencia europea demuestra, por ejemplo, la importancia de los pactos sociales para asegurar mayores niveles de cohesión. Asimismo, no puede negarse la trascendencia de la sociedad civil para la concepción de las políticas públicas en un entorno democrático en el que la participación ciudadana no sólo es posible sino sumamente deseable, o el papel que pueden desempeñar las entidades bancarias para la promoción del acceso al crédito de los sectores menos favorecidos.
En definitiva, la cohesión debe ser un objetivo buscado a través de políticas públicas, nacionales, locales o incluso, como en el caso de la Unión Europea, supra-nacionales. Desde este punto de vista, la cohesión social es un requisito de la integración, tanto al interior de un país como entre países de una región.
3. DIMENSIONES DE ANÁLISIS DE LA COHESIÓN SOCIAL: ACCESO, ESTADO Y CIUDADANÍA
La cohesión social es un fenómeno integral que sólo puede ser comprendido en un contexto espacial y temporal específico. La manera en que se percibe la cohesión social no es la misma en Francia y en El Salvador. Tampoco es la misma en la Francia actual que en la de los años ochenta. Las políticas de cohesión deben, por lo tanto, ser adaptadas de acuerdo con los objetivos específicos que se persigan, así como con los contextos en los que se realizan.
Desde la práctica, sin embargo, es posible —e incluso deseable— definir dimensiones para el análisis, que pueden también traducirse en áreas de acción política e institucional. Las dimensiones son entendidas como perspectivas interrelacionadas que permiten aprehender el concepto de cohesión social considerando sus características más relevantes.
De la propia definición del concepto es posible extraer una primera definición de tres dimensiones de análisis esenciales:
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una dimensión de la cohesión social destacaría el acceso, con igualdad de oportunidades y sin discriminación, a activos y servicios públicos de calidad que permitan a la ciudadanía el ejercicio de sus derechos fundamentales;
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la dimensión más “política” refiere a la necesaria acción del Estado para asegurar la existencia de políticas y mecanismos (públicos) de inclusión e integración;
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finalmente, desde una dimensión que pone el acento en las personas, la cohesión social implica la construcción de ciudadanía y de sentimientos de pertenencia, sobre todo a través de la participación activa de distintos colectivos en la construcción de un espacio público que facilite la búsqueda de objetivos comunes.
Estas tres dimensiones no constituyen compartimentos estancos. Se trata de tres maneras de observar una misma realidad, aunque con diferentes énfasis: la primera se concentra, sobre todo, en los dispositivos sociales de “acceso al bienestar”; la segunda en mecanismos políticos de inclusión y la tercera en ámbitos ciudadanos de participación y generación de identidad. Todas estas miradas posibles a la cohesión social deben considerar, asimismo, algunas cuestiones transversales, entre las que es posible destacar la solidaridad territorial y la igualdad de género como elementos centrales de cualquier reflexión centrada en la inclusión.
3.1. Acceder al bienestar, con igualdad de oportunidades y sin discriminación
Una manera de aproximarse a la cohesión social desde esta perspectiva consiste en eliminar la desigualdad en el acceso a las oportunidades y al bienestar. Ello implica la posibilidad de contar con los recursos necesarios para el desarrollo individual, tanto en términos de activos (por ejemplo, tierra o capital) como en lo que se refiere al empleo y los servicios sociales (sobre todo, educación, salud y protección). La igualdad de oportunidades también implica la posibilidad de acceder a una administración de justicia que garantice el ejercicio y la exigibilidad de estos derechos, así como a un sistema fiscal transparente que asegure una recaudación equitativa y un gasto solidario.
No basta, sin embargo, la mera reducción formal de la desigualdad de los distintos colectivos en lo que se refiere al acceso al empleo, la protección social, la educación, la salud, la justicia, la fiscalidad, los recursos financieros y el consumo, y las nuevas tecnologías, entre otras cuestiones. Es esencial considerar la calidad de los servicios públicos de salud, educación y protección, la calidad del empleo (siguiendo la definición de la OIT de “trabajo digno”) y la calidad de la justicia (entendida en términos de eficiencia y transparencia).
3.2. El Estado incluyente: políticas públicas sostenibles para la cohesión social
Como ya se ha señalado, el Estado debe asumir un papel protagonista en la promoción de la cohesión social, ya que su promoción requiere la existencia de una serie de instituciones reconocidas y legítimas, que sean inclusivas y no “clubes exclusivos” para el provecho de unos pocos.
Estas instituciones deben generar y aplicar políticas públicas capaces de asegurar la protección normativa de la totalidad de los ciudadanos y ciudadanas y el funcionamiento de la democracia y las instituciones que conforman en Estado de Derecho (incluyendo la calidad de las instituciones formales y la lucha contra la corrupción). Un aspecto esencial para asegurar la inclusión y la cohesión es la financiación de las políticas públicas. Esto, nuevamente, refiere a la necesidad de asegurar, a través sobre todo de una fiscalidad solidaria, que el Estado cuente con los recursos suficientes para que sus acciones públicas beneficien a la totalidad de la población.
Otro elemento esencial del papel del Estado en relación con la cohesión social es la garantía de la seguridad humana. Es evidente que la violencia, la delincuencia y, en general, la inseguridad, son tanto una consecuencia de la falta de cohesión social como una causa de mayores niveles de exclusión y de la deslegitimación de los propios regímenes democráticos. El Estado puede y debe asegurar la seguridad humana desde una perspectiva centrada en la garantía de los derechos fundamentales y la prevención, más que la represión, como elemento central en la búsqueda de la cohesión social.
El papel del Estado no debe de ninguna manera ser exclusivo, pero sí de liderazgo y regulación de la actuación de otros actores importantes, para-públicos o decididamente privados. Se trata, en definitiva, de generar un sistema de gobernanza democrática para la cohesión social.
3.3. Una ciudadanía activa que genera pertenencia e identidad
Una dimensión insoslayable de la cohesión social, aunque más subjetivo, corresponde a las percepciones individuales y la generación de sentimientos de pertenencia a una comunidad que persigue objetivos comunes mediante procedimientos democráticos, con atención a la diversidad de sus miembros. En términos generales, es posible vincular esta idea con la de ciudadanía activa, o participación ciudadana.
Las organizaciones de la sociedad civil juegan un papel determinante en la definición de políticas públicas, un papel que ha ido desde la apertura de espacios de debate, discusión, difusión y conocimiento, hasta el complemento en la ejecución de las mismas, en casos tan importantes como las reformas fiscales o educativas.
Las asociaciones para la atención jurídica gratuita, las ONGs de lucha contra la corrupción, los medios de comunicación, las organizaciones que desarrollan políticas de educación, salud o vivienda, o las que defienden los derechos de copropiedad de la tierra para las mujeres, las organizaciones que trabajan por la documentación de las personas, el derecho al voto o la libertad de asociación, constituyen actores que construyen día a día ciudadanía mediante el empoderamiento de colectivos ideológicos o grupos de interés específicos que modifican la lógica de actuación de los gobiernos.
Esta dimensión de la cohesión social debe analizar, por lo tanto, la participación ciudadana. La participación es una característica de la cohesión social, ya que quienes se sienten en condiciones de participar son en general personas que hacen ejercicio activo de ciudadanía, y al mismo tiempo es una manera de generar mayor cohesión social. Por otro lado, es clave que exista una relación de confianza entre los ciudadanos y las instituciones (formales) elegidas democráticamente, así como expectativas en un futuro mejor y en la posibilidad de progreso social.
4. LA FALTA DE ACCESO A LA JUSTICIA COMO FACTOR DE EXCLUSION SOCIAL.
El acceso efectivo y en condiciones materiales de igualdad a la justicia en América Latina constituye uno de los problemas con mayor contenido político, en cuanto engloba elementos esenciales del sistema político, como la eficacia del principio de igualdad ante la ley y del principio de la tutela judicial efectiva. Pobre (o perniciosa) contribución hará la Justicia a la lucha contra la exclusión social si no hace sino reproducir y consagrar las desigualdades económicas y sociales a que anteriormente nos hemos referido, santificando la distancia entre la perfección formal de las normas, que establecen valores y principios, y la mera realidad de facto, que imposibilita su exigibilidad y su efectividad.
Como apunta CARRILLO, el sistema de justicia en la casi totalidad de los países de la región ha sido selectivo, excluyente y discriminatorio. Hoy ya se reconoce que el costo económico y social de la incertidumbre legal es muy alto para todos los sectores de la sociedad, pero es relativamente más alto para los pobres y excluidos quienes tienen mayores dificultades en lograr ser parte de la economía formal y, por tanto, para poder acceder a reclamar o exigir sus derechos ante la justicia formal, debiendo conformarse con sistemas legales y judiciales informales, en los que se expresan la inequidad, la exclusión y la discriminación. Esta falta de acceso al sistema legal y judicial, resulta a su vez en una falta de acceso al crédito, a la propiedad y a los sistemas formales de producción y trabajo, lo que va sumergiendo al ciudadano y a su familia en círculos de pobreza que van reproduciéndose en las siguientes generaciones.
A la hora de incidir en los mecanismos institucionales existentes para tratar de eliminar las barreras u obstáculos que inciden en el acceso a la justicia hay que fortalecer la fiscalías, pero también los sistemas de defensa pública, restableciendo el equilibrio entre acusación y defensa; hay que conseguir que los reclusos sin condena dejen de ser la regla y se conviertan en la excepción, mejorando además las condiciones de vida de los internos preventivos y asegurarles el asesoramiento jurídico debido; hay que mejorar la atención a las víctimas, hasta ahora olvidadas, mediante programas de justicia restaurativa.
Pero junto a ellos hay otras “herramientas”, en términos de CARRILLO, contra la exclusión:
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Prestación de asistencia legal para las personas excluidas;
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Modernización de procedimientos legales;
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Nuevas formas de conocimiento del derecho y de enseñanza del mismo;
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Promoción de la educación cívica básica y legal;
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Instancia de planificación, gestión, articulación y monitoreo de las políticas públicas en esta materia.
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Focalización de las políticas de acceso en los más vulnerables;
En todo este proceso las organizaciones de la sociedad civil que incorporan al derecho y a la justicia como herramienta de modificaciones políticas y sociales deben ser un actor crítico externo relevante para impulsar cambios sustanciales y promover la apertura de líneas innovadoras de acceso a la justicia.
La cohesión social, tanto en lo relativo a la igualdad de oportunidades y en lo relativo a la existencia de mecanismos políticos que garanticen la integración, como en lo relacionado con la participación activa de la ciudadanía, es una necesidad para el desarrollo de toda nación. Y un sistema de justicia efectivo es un medio indispensable para la consagración de tal cohesión social. Desde esta perspectiva, la admirable ponencia de José De la Mata, manifiesta de manera inequívoca la gran responsabilidad que recae sobre el Poder Judicial en nuestras sociedades y de ahí el mayor énfasis que cada día se hace en que avancemos en el fortalecimiento de la Justicia Dominicana, titánica labor en la que trabajan incansablemente la SCJ, los demás tribunales de la República y la ENJ.
Resulta interesante destacar el hecho de que nuestra carta magna en su artículo 8 reconoce como finalidad principal del Estado la protección efectiva de los derechos de la persona humana y el mantenimiento de los medios que le permitan perfeccionarse progresivamente dentro de un orden de libertad individual y de justicia social, estableciendo con el propósito de garantizar la realización de esos fines una serie de obligaciones de parte del Estado, como por ejemplo la de robustecer la estabilidad y bienestar, la vida moral, religiosa y cultural, de la familia, así como el deber de parte del Estado de proporcionarle la más amplia protección posible a estos fines, así como estimular el desarrollo progresivo de la seguridad social, de manera que toda persona llegue a gozar de adecuada protección contra la desocupación, la enfermedad, la incapacidad y la vejez, también se establece que debe el Estado prestar, asimismo, asistencia social a los pobres, consistiendo dicha asistencia en alimentos, vestimenta y hasta donde sea posible, alojamiento adecuado, es obligación del Estado velar por el mejoramiento de la alimentación, los servicios sanitarios y las condiciones higiénicas, así como procurar los medios para ello, sabemos que dentro de los 3 poderes del Estado el poder Judicial juega un importante papel y es preocupante el hecho de que exista una tendencia marcada a la pérdida de confianza en el sistema de justicia, tal y como de manera apropiada expresara el Dr. José de la Mata, esta desconfianza puede tener su origen en la distancia entre la igualdad jurídica y la desigualdad social, o entre la titularidad formal de derechos y la ineficacia del sistema judicial o de las políticas públicas para garantizar la titularidad efectiva de tales derechos, que como hemos visto, si están reconocidos, pero es a la hora de hacerlos efectivos que se presenta el conflicto, es por esto que es un deber y un compromiso de cada uno de los que integran y los que queremos integrar el tren judicial, propiciar el cumplimiento de la finalidad principal del Estado, que es, precisamente, la protección de los derechos de la persona, la libertad individual y la justicia social.
América Latina tal y como la describió en su conferencia el juez español José de la Mata es la parte del mundo donde existe mayor desigualdad distributiva, desigualdad esta que incide en todos los ámbitos de la vida de los ciudadanos y afecta a los que tienen menos recursos, sin embargo podemos preguntarnos como es que una zona que ha experimentado fuertes progresos en muchas áreas no haya logrado eliminar el hecho de que 79 millones de sus habitantes no dispongan de alimentos, bueno la respuesta es simple y conocida por todos América Latina ha vivido muchas vicisitudes políticas que la han llevado a hacer a los ricos más ricos y a los pobres más pobres.
En ese sentido la cumbre de gobierno de los Jefes de Estado y Gobierno de Iberoamerica del 2007 versó sobre la cohesión social, y es que nuestros políticos se están dados cuenta de que las sociedades desiguales generan más violencia, crímenes y delitos. Lograr un bienestar proporcional para todos los ciudadanos no es una panacea, es si una visión de desarrollo que algunos le puede sonar absurda, sin embargo para los que creemos que podemos vivir en países con menos desproporcionalidad de los recursos es un sueño que puede lograrse sobre todo si se aúnan esfuerzos, lo triste es que muchas veces estas reuniones se quedan en simple teoría y no se trazan planes a los fines lo lograr objetivos concretos, lo triste es que para lograr tener una sociedad, donde las personas tengan acceso a la salud, la educación, a la alimentación y a justicia más sólida y oportuna se necesitan recursos económicos que muchas veces no están dados, o si están se destinan a otras cosas que influyen más en la desproporcionalidad.
Como lograr entonces sociedades más inclusivas para toda la población, evidentemente trazando políticas públicas que nos permitan alcanzar esos fines; Entendido esto los trabajadores del sector justicia en el cual nos encontramos involucrados, deben entender que la mayoría de la población no tiene acceso a una justicia pronta y oportuna, acceder a la justicia es caro; Aunque podemos darnos el lujo de decir que aquí en República Dominicana existe menos desproporción a la hora de un ciudadano acceder a la justicia que en otros países de América Latina; No obstante eso no es que estamos bien, resulta claro que si una persona no tiene dinero suficiente para alimentarse a si mismo y a su familia es ilógico que el dinero que consiga lo gaste defiendo sus derechos si los conoce por que en muchos casos ni sabe que los tiene. Es por ello que el sector justicia debe crear mecanismos que permitan el acceso a la justicia de los más desvalidos, crear medios educativos mediante los cuales las personas conozcan sus derechos básicos y sepan donde acudir si le son vulnerados, esto no es tan fácil en países donde una gran parte de la población es analfabeta o analfabeta funcional, pero se puede ir haciendo y ante todo capacitar al personal judicial para que tomen conciencia de que una mala practica judicial, una mora judicial, puede crear exclusiones y discriminaciones.
Muy adecuada la conferencia realizada por los juristas José de la Mata y Andrés Gutiérrez sobre la cohesión social y la independencia judicial, toda vez que son temas de discusión remota, pero siempre actuales, teniendo en cuenta que las desigualdades sociales han sido el génesis de grandes luchas a través de la historia, las personas en todo momento han procurado un trato igualitario, el cese de discriminaciones derivados de asuntos raciales, de género, políticos y en los actuales momentos las que puedan derivarse de las condiciones económicos, es por esto que se hace imperante que las políticas del Estado se dirijan a que los menos beneficiarios puedan obtener las herramientas necesarias para mejorar su situación en un plano de igualdad, no obstante ciertamente esto es algo por lo que se esta luchando y que amerita un constante reclamo.
Dentro del ámbito jurídico considero importante que el Poder Judicial garantice un trato igualitario a todos los usuarios, es uno de los poderes del Estado y el encargado de hacer cumplir la Constitución y las leyes, por lo tanto debe ser el primero en respetarlas. Por otra parte, se debe tener claro que para poder aumentar la confianza de la ciudadanía a este poder se hace imperativo la existencia de la imparcialidad e independencia de todos los jueces en sus actuaciones, elementos que son principios éticos, pero a la vez parte del debido proceso, siendo reconocidos constitucionalmente y en los tratados internacionales, por lo que sus actuaciones se deben enmarca dentro del derecho a través de una respuesta pronta y fundamentada, que logre disminuir la desigualdad jurídica y legitimar la labor del juez día tras día.
La conferencia realizada el pasado jueves 16 de agosto del 2007 en el auditorio de la Suprema Corte de Justicia, trató sobre los temas de » la justicia como cohesión social» que tuvo como exponente al Mag. Jose de la Mata, y la independencia judicial, de cuyo tema haré referencia en el presente comentario.
La independencia Judicial ha sido tratada y valorada desde diferentes puntos de vista debido a su importancia, para el desempeño de la función jurisdiccional que garantice un verdadero estado de derecho y una real y efectiva seguridad juridica.
Desde este punto de vista diferentes autores se han referido a la independencia interna o aquella que hace referencia a libertad en la función judicial dentro del mismo poder judicial siempre apegado a los principios y a las normas; asi como una debida fidelidad jurisdiccional. Tambien tenemos la independencia externa o aquella que se refiere a la no sumisión del poder judicial a ningún otro poder del estado, ni presiones se otros poderes economicos , extranjeros o presiones sociales. es evidente que sin estas independencia total, real y efectiva, la justicia no estaría garantizada; por ello que se requiere otro tipo de independencia a la que se le ha dado un similar valor y es la que algunos autores y tratadistas llaman la auto independencia o la independencia personal, que es aquella en que el juez esta desprovisto de todo prejuicio social, económico etc. y el mismo ejerce la función judicial comprometido con la justicia no limitado por el temor ni el miedo; aunque con la debida prudencia en la toma de decisiones. por esto que entiendo que a la sociedad (aqui entra la cohesión social) se le debe garantizar un magistrado que este dotado de toda la independencia personal, interna y externa, para de esta manera el poder judicial le garantice una efectiva justicia y asi como el debido respeto a la constitución esté garantizada.
Uno de los grandes anhelos de la sociedad humana, y de los paises del denominado tercer mundo,especialmente America Latina es aquella,que tiene como meta la disminusion de los factores de pobreza creando consigo una mayor equidad.esta ha sido una meta de todos los regimenes hasta la epoca actual en lo unico que no a habido consenso es en la forma en que se podria organizar juridico politicamente la misma.
Todos coincidimos sin embargo, despues de mas de un siglo de independencia en el continente, que es por medio de un estado de derecho como garantia de democracia efectiva lo que lleva consigo la tan anhelada equidad social.
para lograr esta meta es necesario la institucinalizacion,de cada uno de los poderes y sectores estatales, principlamente en lo que respecta al poder judicial como una forma de que este sirva de contrapeso a los demas poderes publicos.
en nuestro pais y en la region felizmente nos acercamos mas a ese sueño en la medida que poseemos un poder judicial Independiente, al cual poseen asceso los ciudadanos dominicanos,y sirviendo como un garante de la constitucion y las leyes aplicandolas y con ello acercandonos a la meta, una meta que es tentativa y que tal ves lleve mucho tiempo y que con las veleidades tipicas de los seres humanos no se pueda de manera perfecta encontrar la formula inefable. sin embargo como ciudadano inquieto por las cuestiones concernientes a la sociedad dominicana, y Latino Americana nos acercamos estamos cada dia mas cerca.
Creo conveniente referirme al efecto que tiene la figura de la cohesión social en nuestro país, en el cual, lamentablemente, no gozamos de las capacidades económicas, sociales y educativas, que posee la Unión Europea, pero independientemente de los factores mencionados y que nos alejan del efecto que esta figura puede tener en estos países europeos, debemos reconocer que la cohesión social viene a constituir un mecanismo mas, de los creados por los organismos sociales, para recordarle a los Estados sus obligaciones para la ciudadanía. Ya en un plano dominicano, la figura mencionada podríamos ubicarla en el articulo 8 de nuestra constitución, considero lo anterior en base a que de acuerdo con el disertante, esta puede ser definida como “la integración entre ellos y el todo y la fuerza que los conecta”. La cohesión social busca acciones de parte del Estado, conformado por sus tres poderes, para la creación de una sociedad mas equitativa para sus ciudadanos, que los mismos encuentren respuestas rápidas y satisfactorias a sus necesidades. En el sector justicia, el interés de la cohesión social busca que los derechos que se establecen en la constitución y los tratados internacionales, les sean reconocidos a todos los individuos, sin importar su raza, religión o cualquier diferencia; también reconoce la obligación de crear las vías para el ejercicio de esos derechos. Es por esto que merece una cálida bienvenida la cohesión social en nuestro país, pues como dijimos anteriormente viene a constituir un esfuerzo mas para que el Estado proporcione los medios necesarios, medios estos cuya obligación se deduce de lo dispuesto por el articulo 8 de la Constitución, que permitan la “protección efectiva de los derechos de la persona humana y el mantenimiento de los medios que le permitan perfeccionarse progresivamente dentro de un orden de libertad individual y de justicia social”.