¿Quién Teme a la Justicia Electrónica?

Dr. Pere Fabra

Universitat Oberta de Catalunya

Ante todo permítanme una breve declaración disculpatoria para evitar los equívocos que el título de mi intervención pueda suscitar: la Justicia es un asunto humano. Un asunto entre humanos, ejercida por humanos y para los seres humanos. En un mundo sin seres humanos no tendrían ningún sentido los términos justicia o injusticia: la justicia se predica, única y exclusivamente, de las acciones humanas. La naturaleza no conoce la justicia, no es justa ni injusta. Los hombres, sí.

Entonces, un término como “justicia electrónica” ¿no resulta ser un oxímoron excesivo? ¿un contrasentido? Sin duda sería así si no fuera porque cuando hablamos de justicia electrónica, de e-justicia o de ciberjusticia, en realidad nos estamos refiriendo a algo tan sencillo como de la utilización y aplicación de las tecnologías de la información y la comunicación a la administración de justicia.

Entonces, ¿dónde radica la novedad?, ¿por qué en los últimos años ha surgido este interés entre los expertos de la judicatura y de la academia por este campo? ¿No ha sido algo históricamente habitual el hecho que la gestión de los servicios públicos –incluido el servicio público de la administración de justicia- ha ido incorporando aquellos adelantos técnicos que permitían hacer el trabajo mejor y de forma más rápida? ¿No fue así como se introdujo primero la imprenta y siglos después el telégrafo, el teléfono o el fax? Estaba claro que lo mismo tenía que ocurrir con los recientes avances tecnológicos en los ámbitos de la información y la comunicación: bases de datos interrelacionadas, videoconferencias, teléfonos móviles, Internet. ¿No se trata simplemente de una nueva oleada de tecnología que paulatinamente irá integrándose en nuestras formas cotidianas de trabajar? Entonces, ¿por qué tanto interés?

Seguramente no les descubro nada si digo que la diferencia se encuentra tanto en la escala como en la velocidad de los cambios. La base material de estos cambios tan acelerados se encuentra en la convergencia experimentada en el último tercio del siglo XX del aumento exponencial –casi segundo a segundo- de la capacidad de computación, con el surgimiento de canales y redes de comunicación cada vez más versátiles, más rápidos, más complejos. Por eso hablamos de tecnologías de la información Y la comunicación. Ésta es una suma que, si me permiten la expresión, multiplica. Y multiplica exponencialmente.

La implantación de estas extensas redes de comunicación ligadas a la potencialidad de los instrumentos para almacenar, gestionar y transmitir información está originando una rápida transformación de los tradicionales modos de organización social y económica, lo que tiene su impacto en los estilos de vida y los patrones de convivencia. Las administraciones públicas no quedan al margen de estas transformaciones. La administración de justicia, en tanto servicio público, tampoco. Evidentemente, los sectores que comprendieron primero la potencialidad de este proceso fueron los sectores financieros privados y, paulatinamente, ello ha impactado en todo el sistema económico –productivo y de servicios- hasta llegar al ámbito de lo público: la administración y los servicios públicos.

La literatura académica y profesional sobre “gobierno electrónico” crece exponencialmente día a día. La mayoría de países llevan ya casi dos décadas diseñando e implementando estrategias de e-gobierno en sus Administraciones. Sin embargo, las Administraciones de Justicia han sido hasta muy recientemente, en general, bastante remisas en la aplicación o utilización de las tecnologías. ¿Cuál es el motivo? ¿Resulta que los responsables de la judicatura son menos sensibles a los cambios tecnológicos? ¿Es que no tienen interés en mejorar la eficiencia y el desempeño de sus sistemas? Ello resultaría paradójico, pues una de las quejas constantes –al menos en España, pero también en la mayoría de países del área iberoamericana, como mostró el estudio preparado para la XII Cumbre Judicial Iberoamericana- es el de la lentitud de los procesos y la falta de medios humanos y materiales. Creo que las razones de esa prevención y del cierto retraso con que las tecnologías están llegando a la judicatura son más de fondo. E incluso acepto que algunas de ellas están, hasta cierto punto, justificadas (o, al menos han estado justificadas hasta muy recientemente). II La comunicación –y más concretamente la información que transporta- es la base de todo orden social.

Cuando los especialistas analizan los mecanismos de soporte sobre los que se ha apoyado esta comunicación a lo largo de la historia distinguen cuatro etapas o “eras”: la era de la oralidad, la era de la escritura, la era de la imprenta y, en el momento presente, la era de las tecnologías de la información y la comunicación. Cada nueva era no cancela o sustituye definitivamente a la anterior, sino que se solapa a ella y, de este modo, aumenta la complejidad y el “grosor” de ese sustrato comunicativo –el grado de información disponible, el número de beneficiarios/usuarios de esta información, etc.– que forma el tejido de nuestra vida social y, correlativamente, la complejidad y la densidad de les relaciones sociales que este sustrato facilita: la red se hace cada vez más densa, más rica. La infraestructura informacional dominante en cada período histórico –oralidad, escritura, imprenta y TICs- contribuye a determinar en gran medida las formas de relación social. El derecho, como manifestación y producto de esta vida social, depende también de los flujos comunicativos.

Por ello las formas y contenidos de lo jurídico se han visto modificados a lo largo de la historia en función del tipo de instrumental comunicativo del que se disponía. El salto de la oralidad a la escritura o de la escritura manual (en soportes únicos) a la reproducción masiva a través de la imprenta han supuesto cambios culturales cuyas plenas consecuencias no nos han sido visibles hasta después de largos períodos de tiempo. Por ello podemos decir que los sistemas jurídicos y las estructuras y procedimientos judiciales de nuestros países son el resultado de muchos siglos de desarrollo en los que la “infraestructura” comunicativa dominante y sus soportes (la palabra hablada, la palabra escrita, la palabra impresa y, a partir de ahora, la palabra “digitalizada”) ha determinado en cada momento tanto la forma como el contenido de lo jurídico.[1] La naturaleza del derecho y la forma cómo se administra justicia están sin duda condicionadas por el sistema de información subyacente. De esta forma, la subestructura informacional determina hasta un cierto punto la complejidad del derecho, su propia estructura, la velocidad de los cambios normativos.

Tanto los teóricos de la comunicación (y de su historia) como la antropología y la sociología jurídicas han demostrado que esta subestructura informacional tiene un impacto considerable tanto sobre la forma como sobre los contenidos jurídicos. Y si observamos las consecuencias que cada cambio de paradigma ha tenido sobre el derecho, podemos aventurar también algunos desarrollos futuros por lo que a la administración de justicia y a la práctica del derecho se refiere. Permítanme pues que introduzca aquí unas pinceladas sobre el modo en que el derecho se ha generado, practicado y transmitido en cada una de las mencionadas grandes fases y como se ha administrado la justicia en cada una de ellas:[2] En una era de la oralidad, donde la escritura era desconocida, la densidad regulatoria era seguramente muy sutil: aunque seguramente los seres humanos tenían una memoria mucho mejor ejercitada que la nuestra actual –en tanto que dependían de ella- seguramente los proto-ordenamientos jurídicos eran de una complejidad muy baja, con una regulación más basada en principios generales de fácil transmisión y recuerdo que en normas complejas y detalladas.

Ello comportaba que los cambios legislativos fueran también poco frecuentes y mucho más ligados al lento devenir de los hábitos y las costumbres sociales, pues dada la inexistencia de mecanismos que facilitaran la promulgación y la publicidad de las normas, los cambios súbitos sólo podían comportar confusión e inseguridad. El conocimiento de las leyes y la administración de justicia estaban en manos de los ancianos de la comunidad, a los que se acudía en casos de conflicto para resolver las disputas. Ellos guardaban, en su memoria individual (y, por tanto, perecedera), el saber jurídico. La invención de la escritura –un invento tecnológico- vino a modificar radicalmente este panorama. Pero téngase en cuenta que esta invención se produce muy tardíamente en la historia de la humanidad. Los expertos consideran que los albores de la escritura se remontan a los sumerios en Mesopotamia alrededor del año 3500 aC. Obsérvese que ello representa una mínima parte de la historia humana si tenemos en cuenta que se produce prácticamente 50.000 años después de la aparición del homo sapiens sobre la Tierra (un hecho interesante y poco conocido es que de los miles de lenguajes que se han hablado en el curso de la historia de la humanidad solamente algo más de un centenar han llegado a disponer de un sistema de escritura suficientemente desarrollado, estable y transmisible). Podemos imaginarnos que de forma similar a lo que ocurre actualmente con la revolución tecnológica, también la aparición de aquella “nueva” tecnología de la escritura originó sentimientos encontrados entre defensores y detractores.

En este sentido es muy conocido y comentado aquel fragmento del “Fedro” de Platón en el que el Faraón Thamus realiza una crítica a la escritura: según Platón, Theut (o Hermes), el supuesto inventor de la escritura, presentó su invento al faraón Thamus, alabando la nueva técnica que debía permitir a los humanos recordar lo que de otro modo olvidarían. -“Mi habilidoso Theut, dijo el faraón, la memoria es un gran don que necesita mantenerse vivo entrenándolo continuamente. Con vuestro invento, la gente ya no se verá obligada a entrenar la memoria. Recordarán las cosas no debido a un esfuerzo interno sino gracias simplemente a algo externo”. Como ya señaló Umberto Eco glosando este fragmento, “el Faraón estaba expresando un miedo eterno: el miedo a que un nuevo logro tecnológico pueda suprimir o destruir algo que consideramos precioso, fructífero, algo que representa para nosotros un valor en sí mismo, y profundamente espiritual.” La historia demostró que el surgimiento de esa “nueva tecnología” que era la escritura no “mató” la memoria, sino que comportó que, a partir de aquel momento, se hiciera un uso distinto –quizá más efectivo- de la misma.

Desde el punto de vista de la cultura jurídica –el que aquí nos interesa-, la invención de la escritura permitió recopilar aquellos usos y costumbres que se habían transmitido oralmente y articular este saber en cuerpos temáticamente ordenados, empezando a desarrollarse también vocabularios técnicos específicos. De este modo la ley y su aplicación no quedaban al albur de las contingencias de la memoria de los ancianos de la comunidad, con las dificultades de transmisión fiable que ello significaba, sino que podían quedar “fijadas”, “establecidas” o “puestas” (positivizadas) en soportes almacenables y transmisibles –primero de forma indeleble en la piedra (Código de Hammurabi), después en tablillas, papiros o pergaminos- y ello, a su vez, propició también el surgimiento de un grupo de personas cuya profesión era el ya conocimiento de esos cuerpos legales, su interpretación y su aplicación: los juristas, tal como los hemos conocido desde la antigüedad.Pero aún debía llegar un tercer momento: la revolución que en la vida social tuvo la llegada de la imprenta a mediados del siglo XV tuvo también efectos profundos en el mundo jurídico.

Como explica Ethan Katsh en The Electronic Media and the Transformation of Law,[3] “el derecho, tal como lo conocemos hoy, no habría sido posible sin las propiedades especiales de la imprenta (…). La imprenta estructuró las capacidades y el funcionamiento del derecho en muy diversas formas. (…) Afectó a la organización, el crecimiento y la distribución de la información jurídica.” La imprenta, a la vez que facilitaba la distribución y conocimiento de las normas, facilitaba también la extensión de regulación jurídica a mayores ámbitos de las relaciones sociales y, sobre todo, abría la puerta a un mayor dinamismo en la regulación para adaptarla a las necesidades del momento, sin que –y esto resulta extremadamente importante- estos cambios legislativos significaran pérdida de seguridad jurídica. De modo que el aumento de la complejidad del derecho va paralelo al incremento de su volatilidad, sin que ello merme la calidad de las regulaciones: gracias a la imprenta resulta mucho más fácil introducir nuevas normas o modificar las existentes, garantizando que estos cambios podrán ser conocidos de un modo más o menos rápido –gracias al medio impreso- por aquellos a los que concierne.

Sin embargo, el aumento de los cuerpos normativos y su mayor complejidad tiene inmediatamente como consecuencia la necesidad de mucha mayor especialización de las profesiones jurídicas y un progresivo incremento de la formalización de los procedimientos judiciales.Uno de los ejemplos que utiliza Katsh para ejemplificar el impacto que en el sistema jurídico pudo tener el cambio en el medio comunicativo es el del precedente (de tanta importancia para los sistemas de derecho anglosajón): frente a los manuscritos, que eran únicos –y muchas veces adolecían de los errores de los copistas- la invención de la imprenta permitió producir múltiples copias idénticas de un mismo documento: “La imprenta –dice Katsh- a diferencia de la escritura, permitió a la sociedad construir sobre el pasado, en la confianza de cada paso se daba sobre un firme fundamento (…); hasta entonces, las sentencias eran sólo imágenes del derecho, no el derecho mismo”. Ello permitió en los países anglosajones consolidar la doctrina del precedente y, como afirmó Lord Campbell en 1765 (citado también por Katsh) “si es derecho, lo encontraremos en nuestros libros; si no se encuentra allí, no es derecho”.

El medio impreso, además, favoreció una mejor identificación y organización de las fuentes (con índices, tablas, referencias cruzadas, comentarios, etc.), haciéndolas más accesibles, fiables y manejables. III Sirva el anterior excurso para mostrar que el derecho y la justicia no son inmunes a los cambios en las infraestructuras comunicativas que ha regido históricamente la sociedad. Esta fue la historia hasta mediados del siglo XX. ¿Qué ocurre a partir de la entrada en juego de las tecnologías de la información y la comunicación? ¿Cómo afecta o afectará la emergencia de este nuevo medio que son las TIC a nuestros sistemas de justicia? Todavía hoy nuestros procedimientos judiciales son de modo generalizado, como ha dicho alguien en feliz expresión, “islas de papel” en un “océano electrónico”.[4] Pero precisamente porque la organización de los sistemas judiciales está basado precisamente en el intercambio de información, el potencial de la aplicación de las TIC resulta –aparentemente- muy elevado.Como en el Fedro de Platón, también hoy nos encontramos con valoraciones que oscilan, en distintos grados, entre los dos extremos: las de aquellos que, como Theuth avizoran todo un mundo de nuevos desarrollos y ventajas como consecuencia del surgimiento imparable de las tecnologías de red y las de aquellos otros que, como el faraón Thamus, sólo ven los aspectos negativos del proceso en términos de inseguridad jurídica, amenazas a la privacidad y a los datos personales, etc.

En definitiva: ciberoptimistas frente a ciberpesimistas. No es extraño que esto sea así, en tanto que nos encontramos claramente en una fase de transición y por tanto de “crisis”, entendiendo este término literalmente como aquella coyuntura de cambio de una realidad organizada donde lo viejo parece que ya no sirve y lo nuevo resulta todavía inestable, en la medida que se halla aún en movimiento y sujeto a evolución y, por tanto, es vivido con un grado más o menos elevado de incertidumbre. Sin embargo lo cierto e indudable es que las tecnologías de la información y la comunicación se nos aparecen en un momento muy oportuno: los procesos de juridificación galopante de nuestras sociedades han convertido nuestros sistemas jurídicos en construcciones de enorme complejidad, sometidas a cambios constantes y prácticamente impenetrables incluso para los expertos.

Ello ha tenido también consecuencias inmediatas en los niveles de litigación, de modo que nuestros sistemas judiciales se ven sometidos a tensiones extremas si quieren realmente prestar el servicio público que tienen encomendado. Vista pues la extensión y el éxito que la utilización de las tecnologías han tenido en otros ámbitos de la realidad y la vida social y, en particular, en la gestión de algunos servicios públicos (en particular los sistemas fiscales o el sistema sanitario), es lógico que, sobretodo en la última década, los poderes judiciales se hayan planteado la implantación de estrategias de gobierno y administración electrónicos al ámbito propio de la Administración de Justicia. Está claro que nuestros sistemas judiciales son francamente mejorables y se intuye que las TIC pueden contribuir de modo eficaz a esta mejora. Y, en cambio, la implantación de estas soluciones en el ámbito judicial está siendo muy lenta, muy dificultosa.

Mucho más dificultosa que lo que representado su aplicación en otros ámbitos de la administración pública. ¿Por qué es ello así?En la literatura sobre estos temas se apela a menudo al hecho que, tratándose la Justicia de un ámbito muy burocratizado y, por otra parte, muy procedimentalizado, las resistencias al cambio son muy fuertes. Seguramente hay mucho de razón en este análisis. Pero también creo que la lentitud y las dificultades encontradas hasta ahora en la introducción de las TIC en el mundo de la Justicia –sin tener en cuenta las idiosincrasias y problemas más concretos de cada país- tiene también su origen en la percepción que tienen los operadores jurídicos de la necesidad de minimizar los riesgos que comporta la implantación de unos modelos de gestión radicalmente nuevos cuyas consecuencias no han podido ser todavía evaluadas. Estamos, como decía antes, en un entorno de mucha incertidumbre, y no hay nada que los juristas teman, temamos tanto como los contextos de incertidumbre. De modo que cuando preguntamos a los operadores jurídicos –jueces, abogados, fiscales, etc.- la respuesta es siempre unánime: tecnologías SÍ, pero garantizando los principios básicos de seguridad jurídica, integridad y autenticidad de los documentos, privacidad de los datos e independencia judicial.Ya hemos mencionado al principio que bajo la denominación de “justicia electrónica” o “ciberjusticia” entendemos la utilización intensiva en los sistemas de justicia de una combinación muy específica de repositorios, flujos y procesamiento de información caracterizada por el uso de medios electrónicos en distintos grados[5]. Los repositorios de información son las bases de datos y los ficheros electrónicos. Los flujos de información son las rutas que la información toma entre los diferentes repositorios y los operadores (publicación de legislación, publicación de jurisprudencia, interposición de demandas por medios electrónicos, redes de información entre los tribunales, los registros públicos, la policía, etc.). Y, finalmente, el procesamiento y la gestión de la información es el uso que se hace de ésta: búsquedas en bases de datos, análisis de sentencias, elaboración automática de determinados escritos o incluso de borradores de sentencias. Sin duda todo ello tiene un impacto directo en el modo de trabajar de la Administración de Justicia y en el papel que se atribuye a sus operadores. Porque de la misma forma que la escritura obligó a resituar el papel de la memoria (pero sin acabar con ella e incluso potenciándola de otra forma), los medios electrónicos (bases de datos, repositorios de casos y jurisprudencia) rebajan el valor de la información en bruto –una información sobre la cual, antaño, podían construirse enteras carreras profesionales- para primar, en cambio, el valor del conocimiento. Pero si bien es cierto que esto que llamamos justicia electrónica es, en parte, una nueva forma de hacer mejor y de modo más eficiente y rápido algo que hasta ahora hemos venido haciendo con otros medios, no es menos cierto que a medio y largo plazo, estos nuevos medios acabarán teniendo consecuencias en la misma forma de entender los contenidos y los procedimientos jurídicos (como nos ha mostrado la historia a lo largo de las tres “eras” anteriores).

En cualquier caso, en estos momentos de transición se nos plantean muchas posibilidades y, al mismo tiempo, muchas dudas. ¿Hasta donde puede llegar la tecnología en el este ámbito? ¿Llegarán los sistemas expertos, basados en inteligencia artificial, a ser asistentes fiables del juez? ¿Contaremos algún día con computadoras que juzguen? ¿Cuáles son los riesgos que se le plantean a la justicia – a la administración de justicia- con el advenimiento e implantación de estas –y otras aún no imaginadas-soluciones electrónicas en su práctica cotidiana? Y ¿cómo podemos prever y en su caso minimizar estos riesgos? Si en el mundo de las finanzas los riesgos se miden por la probabilidad de pérdidas económicas, creo que todos estaremos de acuerdo en afirmar que en el ámbito de lo jurídico los riesgos pueden cernirse, ante todo, sobre los derechos fundamentales constitucionalmente protegidos, así como los principios que informan el sistema y la actividad jurisdiccional. De modo que cualquier estrategia de implementación de estrategias de justicia electrónica debe considerar de antemano los efectos que la misma puede tener sobre esos derechos y principios.

Y todo ello tanto desde el nivel de los riesgos técnicos (seguridad de las redes, fiabilidad en la transmisión de documentos y pruebas, autenticidad e integridad de los mismos, etc.), como en particular a nivel de los riesgos que podemos denominar propiamente jurídicos (por ejemplo: si se conectan las bases de datos policiales con los juzgados y tribunales y con las oficinas de la fiscalía, habrá de establecerse de modo muy claro quién, cómo y cuando puede tener acceso a dichas bases a fin de evitar la conculcación de principios como el derecho a la privacidad o incluso a la presunción de inocencia; ello resulta todavía más crítico cuando hablamos de bases de datos genéticos –como las que se están implantando ya en algunos países a los efectos de poder identificar genéticamente al autor/res de un crimen).

Hasta el momento se ha avanzado enormemente en lo referente a conjurar la mayoría de riesgos “técnicos”: tecnologías de identificación de usuarios, encriptación de mensajes, control de accesos, etc. Evidentemente no hasta el punto de eliminarlos completamente –lo cual resulta imposible, del mismo modo que resulta imposible evitar todos los peligros que acechan a la “justicia de papel” (pérdida o sustracción de documentos, pruebas malogradas, etc.)– sino, en cualquier caso, de que las transacciones y los procesos basados en las tecnologías tengan un grado de fiabilidad y seguridad al menos igual o superior a los procedimientos tradicionales. Más complejo resulta, sin embargo, desarrollar métodos para analizar y prever los riesgos sustantivos –aquellos que pueden afectar directamente al núcleo y a la esencia de los derechos en juego- y a ello se están dedicando últimamente muchas de las investigaciones que se realizan en el ámbito de la ciberjusticia. Por otra parte, la posibilidad ya mencionada y cada vez más real de aplicar soluciones de inteligencia artificial –sistemas expertos- a la toma de decisiones suscita también (cuando va más allá de la simple aplicación de algoritmos sencillos a situaciones de hecho con consecuencias tasadas –como puede ser la producción de facturas: “has consumido X metros cúbicos de agua y, vista la tarifa en vigor, tienes que pagar la cantidad Y”) otro tipo de dudas y objeciones en la medida que aquí estamos afectando a la capacidad de juzgar, es decir, al núcleo mismo de la actividad jurisdiccional. Siguiendo a la profesora Danièle Bourcier[6] podemos agrupar estas objeciones en función del argumento sobre el que se apoyan: 1) El argumento filosófico: sólo el ser humano tiene capacidad para enjuiciar otro comportamiento humano. Una máquina no puede sustituir la actividad humana del juicio o discernimiento, en la medida que ésta implica capacidades que van más allá de la aplicación de mecanismos lógicos y que exigen tener en cuenta otras aptitudes y capacidades humanas (sensibilidad, imaginación, etc.). A contrario, ser juzgado por un ser humano constituye en sí mismo una garantía de individualización y de igualdad en el tratamiento de casos distintos.

Cada persona es un ser único en su individualidad y asimismo es responsable de sus propios actos. Resulta prácticamente imposible disponer de un único “modelo de ser humano” en función del cual diseñar programas que asignen determinadas consecuencias a actos incluso similares de diferentes personas que pueden responder a motivaciones distintas. 2) El argumento de los límites de la lógica: la decisión sólo pude fundamentarse sobre conocimientos interpretados. ¿Puede representarse el conocimiento en forma de un programa? ¿Cuál es la relación del intérprete con el conocimiento o la norma? Los mismos argumentos que han obligado a los teóricos del Derecho a abandonar la creencia ilustrada de que el juez era la “boca de la ley” (según la cual a un buen juez supuestamente le bastaría dominar la lógica deductiva, pues su actividad se limitaría a “subsumir” el caso particular en la regla general), son aplicables al caso de la utilización de sistemas expertos en la toma de decisiones: entre la norma y su aplicación concreta hay una fase de interpretación que no puede ser obviada desde el mismo momento que las normas no son tampoco reglas cerradas sino que su propio contenido semántico depende fuertemente del contexto. 3) Argumentos ligados al propio proceso de diseño de los modelos: ningún modelo puede representar o prever completamente el comportamiento humano. Y ello por diversas razones. Por un lado a) el diseñador del programa no puede garantizar la objetividad. Se da necesariamente un “sesgo instrumental” en las tareas de modelización, puesto que ésta se ve afectada por el entorno y, a su vez, afecta al entorno. Y, sobre todo, porque resulta prácticamente imposible transcribir un conjunto de conocimientos o interpretar una serie de resultados sin introducir, de forma más o menos consciente, un sistema de valores culturales o axiológicos. 4) El argumento de la responsabilidad: no hay decisión sin autor. Cualquier poder en el que se halla implicada una toma de decisión pone en juego una competencia y una responsabilidad. La decisión automática se opone a la noción constitucional de independencia judicial, ya que el juez estaría bajo la dependencia de los ingenieros diseñadores de los sistemas o de los técnicos que los aplican. El juez no puede renunciar a su apreciación soberana ni los jurados populares a su íntima convicción. 5) Y, finalmente, el argumento ético: determinadas decisiones deben estar excluidas del ámbito de aplicación de las decisiones automatizables en la medida que afectan a derechos y valores humanos que sólo pueden ser comprendidos y apreciados en su justa medida desde la misma posición de humanidad IV Permítanme que, una vez más, mi reflexión pueda resultar algo paradójica: ¿Significa todo lo anterior algún obstáculo para la aplicación y utilización de las tecnologías de la información y la comunicación a la Administración de Justicia? Por supuesto que no. Los argumentos anteriormente expuestos afectan exclusivamente a la utilización de las tecnologías en ese momento último y casi íntimo –consustancial a la actividad jurisdiccional- en el que el juez debe adoptar su decisión. Sin embargo, en todo el proceso anterior –a menudo largo y farragoso- de recopilación de información, aporte y contrastación de documentos, tomas de testimonio, declaraciones, estudio de antecedentes legales y jurisprudenciales, análisis de doctrina y casos juzgados, etc., en estos momentos existe unanimidad en afirmar –entre otros motivos porque ya estamos en disposición de contrastarlo empíricamente a través de un gran número de proyectos puestos en marcha en muchos países- que la aplicación de las TIC en los sistemas judiciales comporta una multiplicidad de beneficios entre los que, como mínimo, cabe señalar los siguientes: · Un sistema judicial más eficiente en la medida que incrementa la productividad y disminuye los costes de transacción de un sistema que, como hemos dicho, es muy intensivo en información;· Un sistema judicial más eficaz debido en particular a la reducción de la duración de los procedimientos –con el consiguiente ahorro de tiempo y costes- mediante a la puesta a disposición de jueces y tribunales de sistemas de gestión de documentos y recursos y otras aplicaciones asociadas (como la videoconferencia, software para el trabajo en colaboración en línea, etc.).· Incremento del nivel de acceso de los ciudadanos a la justicia, a través de la mayor información disponible y de un mejor conocimiento tanto del funcionamiento de la administración de justicia como, sobre todo, de los instrumentos legales a su alcance para reclamar el reconocimiento de sus derechos.· Mayor transparencia en el funcionamiento de la justicia en la medida que las tecnologías facilitan un mejor seguimiento de los asuntos y aportan mecanismos de control y evaluación de la calidad de los outputs. Lo que comporta también un· Incremento de la confianza de los ciudadanos y las empresas en el sistema judicial. Y la suma de todo ello revierte positivamente en una· Mayor legitimidad del poder judicial. V Estamos, sin duda en un momento de transición. Las tecnologías de red están cambiando radicalmente no sólo el modo de comunicar y transmitir información, sino incluso la tipología de nuestras relaciones sociales y ello tendrá –tiene ya- consecuencias en la forma de producir, entender y practicar el derecho. Nuevas figuras de derecho y nuevas cuestiones doctrinales están surgiendo al amparo de las nuevas realidades económicas y sociales impulsadas por los cambios tecnológicos. Los cambios en los modelos de gestión, la normativa y los procedimientos de nuestros fueros o materias jurisdiccionales no podrán implementarse sin ir a las dimensiones más profundas en que se sustentan nuestros poderes judiciales.

La reforma de la gestión del proceso judicial conforme a la ampliación del uso de las redes y el establecimiento de formas de consulta en línea y tiempo real entre instancias jurisdiccionales del mismo y de distinto nivel resulta hoy ya un requerimiento no sólo de eficiencia y eficacia jurídica, sino del debido proceso en términos de una justicia a tiempo y la eliminación de las demoras innecesarias. Ello implica también una gestión más colectiva, horizontal y colegiada. Todo ello comportará sin duda cambios en los roles y atributos de los diversos actores, operadores y usuarios de la administración de justicia. Y comporta también riesgos que cualquier estrategia de implementación de las TIC en este ámbito deberá considerar. Se requiere, entonces, profundizar en el estudio y la reflexión de los fenómenos en curso, para determinar con mayor precisión la dirección en que se producirán dichos cambios y la forma de evitar estos riesgos. En cualquier caso, los avances tecnológicos no se detendrán. Y los poderes judiciales harán bien en entender y responder positivamente a este reto, apostando por la incorporación de las tecnologías a su quehacer diario siempre y en la medida que de esta forma queden garantizados los principios fundamentales que los justifican e inspiran y que no son otros que la salvaguarda de la Democracia, del Estado de Derecho y de los derechos fundamentales de los ciudadanos. **************************

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[1] Vid. Benyekhlef, K.; Sénécal, F., ”Groundwork for Assessing the Legal Risks of Cyberjustice”, en A. Cerrillo, P. Fabra: E-Justice: Using Information and Communication Systems in Courts, IGI Publishing, (próxima publicación).

[2] En este punto sigo a Richard Susskind, Transforming the Law, OUP, Oxford, 2003.

[3] Ethan Katsh, The Electronic Media and the Transformation of Law, Oxford Niversity Press, Oxford, 1989.

[4] Leeuwenburg & Wallace, 2003, p. 11 (citado por Benyekhlef, op. cit.)

[5] Vid. Benyekhlef, Sénécal. Op. cit.

[6] Bourcier, D. (2002). Inteligencia artificial y Derecho. Barcelona: Editorial UOC.